Reemplazaron la cárcel de Gualeguaychú con una Granja Penal

El gobernador Gustavo Bordet y el ministro de Justicia, Martín Soria, encabezaron el cierre de la unidad penal N° 2 de Gualeguaychú, que data del siglo XIX. El edificio fue cedido a la municipalidad, mientras que el 84 por ciento de los reclusos se alojan en la nueva cárcel, N° 9, “El Potrero”.

También anunció que se proyecta construir una nueva unidad penal en Paraná. Además entregó los decretos para obras viales, gasíferas y educativas en Gualeguaychú.

La nueva Granja Penal N° 9, El Potrero, de Gualeguaychú fue construida con los estándares actuales en materia de Derechos Humanos. Es una cárcel mixta con régimen semiabierto, que favorece el tratamiento penitenciario focalizado en la educación y la laborterapia, respetando el principio de progresividad.

Actualmente tiene capacidad para 400 personas y al concluir las obras de infraestructura que lleva a cabo el gobierno provincial, tendrá 920 plazas. El 84 por ciento de los internos alojados en la Unidad Penal 2 fue traslado a la Granja Penal, en tanto la totalidad del personal penitenciario y profesional ya cumple funciones allí.

Llegar a este momento

Durante el acto, el gobernador se mostró “muy contento” por concluir el traslado de la unidad carcelaria a la unidad penal Nº 9 El Potrero. Recordó que “hace algunos años atrás, el defensor general me llevó una carpeta y me dijo que la situación en la unidad penal de Gualeguaychú era insostenible”, puesto que era una cárcel del Siglo XIX, donde los reclusos vivían hacinados. “Entonces nos propusimos trasladar la unidad penal”, indicó.

“Se nos complicó muchísimo en la gestión anterior y recién en esta gestión, con la cooperación del Ministerio de Justicia y la disposición también de fondos de rentas generales de la provincia, pudimos llegar a este momento”, expresó el mandatario.

No se trata de una mudanza

No obstante, Bordet aclaró que no se trata solamente de “generar una mudanza de un edificio a otro. Sino que implican muchas otras cosas: Primero cumplir con un precepto constitucional que estaba establecido en el texto original de la Constitución de 1853, donde se marcaba que las cárceles deben ser sanas y limpias para reeducación y no para castigo de los reclusos; y en este sentido empezamos a trabajar en la articulación, porque llevar duplicar la capacidad, en El Potrero, implicaba también dotar de más servicios que tengan en cuenta al nuevo universo de reclusos que se alojarían, que tenga también contemplada la atención en salud”, mencionó.

Un trabajo en conjunto

Posteriormente, dio cuenta de otras obras encaradas en Gualeguaychú, tal como se había comprometido, y entre esas mencionó la última etapa del hospital y las escuelas Domingo Matheu y María Elena Walsh, como así también la escuela Colombo que está avanzada en un 50 por ciento. A eso sumó que el 10 de febrero próximo se abrirán los sobres del llamado a licitación para la circunvalación de la ciudad.

“Iniciamos un trabajo en conjunto con Martín aquí en Gualeguaychú y nos queremos seguir comprometiendo para continuar generando acciones que mejoran la calidad de vida de los vecinos y que a su vez también generen puestos de trabajo con obras de infraestructura educativa, vial, energética. Esto se hace que con los trabajos articulados entre los municipios y fundamentalmente con un gobierno nacional que hoy dispone los recursos para que podamos también lograr obras que por su magnitud serían muy difíciles de poder llevarlas adelante”, finalizó el mandatario.

Asimismo, el mandatario provincial entregó al intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, el decreto de cesión del el antiguo edificio de la Unidad Penal N° 2. El lugar está señalizado como un sitio de memoria y derechos humanos. “Se recupera para la ciudad un sitio de la memoria, para la reflexión”, expresó Bordet.

Día histórico

Por su parte, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, quien fue intendente de General Roca entre 2011 y 2019, señaló que » este día es realmente histórico, porque a aquellos que nos tocó ser elegidos por el voto de nuestros vecinos sabemos lo que significa tener una cárcel tan antigua como ésta, de 1890, dentro del ejido urbano. Por eso hoy es un día histórico para la ciudad y para la provincia».

Reseñó que «esta es una de las cárceles más viejas del sistema carcelario argentino» y recordó que por esta unidad penal «en la época de la dictadura más de 200 personas jóvenes, algunos fueron detenidos y otros desaparecidos. Por eso aquí hay un sitio de la memoria de la Secretaría de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación».

Luego, en referencia a la nueva Granja Penal El Potrero, donde fueron trasladados la mayoría de los internos, subrayó: “Qué lindo ser intendente y tener un gobernador que venga a cumplir con esas obras comprometidas con su pueblo”, al tiempo que recordó que esta obra fue demorada, “pero no por culpa del gobierno provincial, ni de las gestiones municipales, sino que en el período de 2016 a 2019, la gestión anterior le frenó al gobierno provincial más de 200 millones de pesos que salían del Ministerio de Justicia de la Nación”.

Un ciclo que termina

A su turno, la ministra Romero afirmó que “Amasamos una voluntad colectiva después de la decisión del gobernador y estamos en una concreción que nos pone muy felices. Estamos saliendo de una cárcel que es un paradigma del Siglo XIX y pasando a asumir todos los derechos que la humanidad ha incorporado”, mencionó Romero y agregó: “Es un día muy significativo donde tenemos la posibilidad de cerrar una unidad carcelaria del siglo XIX y estamos ampliando una unidad que es de este siglo y por la cual le damos a la sociedad la posibilidad real de que las personas que terminan de cumplir una pena salgan con capacitación, con escuela terminada, con capacidad laboral”.

Una gran decisión

Por su parte, el intendente de Gualeguayhú, Martín Piaggio, destacó «el enorme trabajo que hubo detrás del esfuerzo de cumplir el sueño de cerrar este edificio» y sostuvo que «se tomó de una necesidad muy local desde hace muchos años».

«Este edificio es uno de los más antiguos en la historia carcelaria del país, y producto de mucho trabajo en el que se integraron todos los niveles del Estado -pero fundamentalmente una gran decisión del gobierno provincial de hacer grandes inversiones públicas en materia de obras para que esto se pudiera lograr-, se genera hoy en la Granja Penal, en la otra unidad penal que tiene Gualeguaychú, una unidad carcelaria modelo en la República Argentina que en los últimos años tuvo fuertes inversiones para garantizar derechos humanos en las que se circunscriben dos ideas centrales», destacó.

En ese marco, sostuvo, por un lado, que «esto es una política de derechos humanos, un lugar permanente de la memoria»; y «el segundo punto, para la dinámica de nuestra ciudad es algo muy esperado, en términos urbanísticos fundamentalmente. Es un lugar que permitirá, después de un enorme trabajo del gobernador y la ministra Rosario Romero, una nueva dinámica en esta barriada con un nuevo centro cívico, espacio público, un sitio para la memoria de Gualeguaychú», apuntó.

Convenios y obras

En el acto se firmó un contrato de comodato a través del cual el gobierno de Entre Ríos cede una parte del edificio de la Unidad Penal N° 2 a la municipalidad de Gualeguaychú para su uso. Además, Soria entregó la Resolución de remisión de fondos de la Nación a la provincia por presos federales que aloja en el sistema carcelario provincial.

También se firmó un convenio entre la provincia y el Ministerio de Justicia de la Nación para, a través del Registro Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes Extraviados de la provincia y el Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, colaborar con la información concerniente a niños y adolescentes de los que se desconoce su paradero o datos filiatorios y/o identificatorios.

Por otra parte, el gobernador entregó al intendente Piaggio sendos decretos. Uno para el llamado a licitación de la construcción de la interconexión vial zona oeste de la ciudad de Gualeguaychú, en el marco del Programa Federal de Infraestructura Regional de Transporte, que cuenta con un presupuesto oficial de más de 2.400 millones de pesos.

Reseña

La penitenciaría de Gualeguaychú, ubicada en Av. Perón y Goldaracena, fue inaugurada el 8 de mayo de 1890 durante el gobierno de Clemente Basavilbaso, como parte de un plan integral en materia de infraestructura carcelaria para la provincia de Entre Ríos.

Fue el establecimiento de mayor altura construido en la provincia en el siglo XIX. Tuvo importantes ampliaciones a lo largo del tiempo, duplicándose los sectores de alojamiento, pero el crecimiento de la ciudad y la antigüedad del edificio no permitieron las adecuaciones edilicias necesarias.

Desde el año 2019, el gobierno de la provincia dispuso recursos para ampliar otras unidades penales que permitan la reubicación de los internos y hacer posible el cierre definitivo de la histórica Unidad Penal 2.

El 19 de diciembre del 2022, a través del decreto 4531, el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, dispuso el cierre definitivo de la UP2, garantizando la preservación de la señalización del edificio como Sitio de la Memoria. Además, se autorizó un convenio con la municipalidad de Gualeguaychú para darle al edificio un nuevo uso, donde funcionarán oficinas administrativas y habrá un espacio público y de recreación para toda la ciudad.

El traslado de los internos pudo realizarse a partir de la inauguración de la Unidad Penal Nº 9 Granja El Potrero, ubicada en un predio de 42 hectáreas en la zona rural de Gualeguaychú, que cumple con los nuevos estándares en materia de infraestructura carcelaria.

Presentes

También estuvieron presentes el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo; la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina; la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Avila; el director general del Servicio Penitenciario Provincial, Marcelo Sánchez; el director de la Unidad Penal Nº 2, Luis Viola; el senador provincial Jorge Maradey; los diputados provinciales Mariana Farfán y Néstor Loggio; vocales del STJ; el jefe de Policía, Gustavo Maslein; y demás funcionarios y representantes de las fuerzas de seguridad.